Por Alba Clemente
Últimamente no paro de oír testimonios de gente de mí alrededor acerca de la economía sumergida o más conocida como el dinero negro o la caja b de una empresa. Me explico: muchos son los empleados que se han visto obligados a aceptar las condiciones de empresarios sin escrúpulos que deciden poner como norma a la hora de contratarles no darles de alta en la Seguridad Social o pagarles cierta cantidad de su sueldo en negro, el conocido sobre del que tanto oímos hablar por la tele cuando nos referimos a Bárcenas.
Sin embargo, esto ha sobrepasado la barrera de la televisión y se ha instaurado en el día a día como algo normal de lo que no hay que asustarse. Muchos empresarios se han creído ser dioses y poder controlar a los empleados ofreciéndoles unos puestos de empleo que dejan mucho que desear. Frases como “Te pago media jornada y el resto va en negro” o “No te doy de alta en la Seguridad Social y así ganas más” son el pan nuestro de cada día. Saben que tienen el poder en sus manos, saben que si un trabajador no acepta estas condiciones otra persona en situación de desempleo aceptará cualquier condición que se le imponga porque de su sueldo depende su familia y sus hijos. Como bien es sabido – y más en el panorama que vive actualmente nuestro país- el pez gordo se come al pequeño.
No se trata de algo nuevo, no se trata de una realidad que se ha instaurado hace poco y por lo tanto nos pilla de sorpresa, este problema viene de muchos años atrás- cabe incluso decir que desde que el mundo es mundo- pero la crisis económica y la falta de oportunidades de trabajo que viven muchos ciudadanos en nuestro país ha aumentado aun más estas cifras. Como es natural se trata de cifras difíciles de cuantificar al tratarse de un problema oculto pero según un informe realizado por Friedrich Schneider sobre la economía sumergida en Europa, se calcula que en España esta economía equivale a un 18,2% del PIB (unos 200.000 millones).
Trabajar sin estar dado de alta en la Seguridad Social es una realidad y muchos son los empresarios que deciden implantarlas en sus negocios. Se trata de una forma precaria de trabajar que genera una desprotección en todos los ámbitos: no se cotiza – por lo tanto no se generan impuestos destinados a colegios o sanidad pública-, no se tiene derecho a paro ni a cobertura sanitaria y el periodo en el que trabajas jamás aparecerá en tu vida laboral por lo tanto olvídate de cuestiones básicas como puede ser la jubilación o la pensión de viudedad que pueda afectar a tu cónyuge y al resto de tu familia. Muchos empleados, especialmente en localidades pequeñas donde el trabajo escasea, se aferran a estos puestos de trabajo y no ponen pega alguna frente al empresario. La frase que más oigo al respecto es “Es que si no cojo el trabajo otro que venga detrás lo hará” y así sucesivamente, se trata de un círculo vicioso en el que el empresario siempre acaba ganando ¿O no?
Cabe aquí lanzar mi humilde opinión, harta de escuchar como conocidos se quejan de la falta de trabajo, harta de cómo esos mismos conocidos deciden aceptar condiciones precarias y harta de empresarios que se creen los reyes del cotarro. El miedo juega un factor muy importante en la vida de todos, el miedo a no llevar a casa un sueldo que permita mantener a la familia, el miedo a no poder pagar las facturas a final de mes y quedarnos sin luz, sin agua o el miedo a ser desahuciados propicia en muchas ocasiones a aceptar estas condiciones. Pese a todo esto soy de la opinión de que en esos momentos deberíamos tener la valentía –que desgraciadamente poca gente tiene y que son los que acaban pagando el pato- de ir hasta la oficina de inspección de trabajo más cercana y denunciar los hechos. Cabe recordar que este tipo de denuncias no son anónimas, pero el Inspector no indica a la empresa quien ha denunciado y actúa de forma que no se desvele quien lo ha hecho. Si todos aceptamos estas condiciones jamás acabaremos con empresarios que se aprovechan de la situación y lo que haremos será enriquecerles aún más con nuestro trabajo.
Para finalizar me gustaría aportar algo que mucha gente parece no tener en cuenta y es que una situación de fraude como trabajar sin estar dado de alta no es algo que afecte solo al empleado de manera particular, es algo que afecta a toda la sociedad en su conjunto y si una inspección lo demuestra no solo se sancionará al empresario sino que el empleado entra en el mismo saco.